EL CASO CAVAL X
EL FINAL (2)
En marzo de 2016 el caso CAVAL recuperó el
impulso que había perdido. Ahora había otros fiscales a cargo, Sergio Moya. El 21
los abogados Felipe Polanco y Jessica Norambuena renunciaron
a su representación. El motivo sería “el
rol que estaban jugando ambos abogados era secundario y que quien dominaba en
la defensa era Antonio Garafulic, el articulador de la estrategia del
desconocimiento de Compagnon y amigo a la nuera de la presidenta[1]….Polanco
había sido recomendado por Isidro Solís, ex ministro de Justicia del
primer gobierno de Michelle Bachelet.
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| NORAMBUENA Y POLANCO |
Su salida era un corte entre La Moneda y
Compagnon por falta de apoyo de la primera con la segunda. La red de protección
sólo era para Sebastián Dávalos, el primogénito. En las “reuniones de coordinación realizadas entre los abogados de Valero y
Compagnon, el que asistía de manera regular era Garafulic. Los otros dos
estaban prácticamente sólo para las audiencias, aseguran abogados de la
causa…los dos ex defensores también habrían sido partidarios de aplicar el plan
“me enteré por la prensa”… Garafulic en cambio es calificado (anónimamente)
como práctico, impulsivo y
arriesgado…Su expertise está
más bien relacionada con causas ligadas al tráfico de drogas y delitos cruentos...”
La defensa de Valer (Ricardo Schomburgk y Felipe Jiménez) se inclinaron por “decir la verdad, ya que en Caval existían
dos socios que manejaban igual nivel de información”[2]
El miércoles 23, su socio en Caval, Mauricio
Valero, acudió a declarar a la Fiscalía, arrasando con la declaración de
Natalia Compagnon que hasta ese momento había alegado desconocimiento de todo.
Y el empresario Gonzalo Vial Concha iba en camino de presentar una querella
criminal por estafa. El fiscal ahora era diferente. Como dijo de manera más bien
diplomática Grace Álvarez, la abogado de Natalia Compagnon, “Las declaraciones (de Valero en marzo) no fueron de lo más afortunadas,…además de
declarar que conocía todas las operaciones deja entrever que Natalia tiene
inversiones en el extranjero, por lo que aleja más la comunicación entre ambos.
En este momento ambos socios están tratando de resolver los problemas con la
madurez que requiere, llegando a acuerdos mediantes sus abogados personales.”[3]
En ellas rechazó la versión de Compagnon Soto e indicó a los fiscales posibles
rutas de investigación.
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| ISAAC GARAFULIC |
Isaac Garafulic era el abogado de CAVAL para ver
el asunto de la demanda laboral de Sergio Bustos, la que terminó parcialmente
favorable a CAVAL, originalmente las instrucciones eran dobles: “no había que pagarle ni un peso a este
viejo” y que “esto no se podía hacer público”. En aquello que no pagar un peso al
demandante, pero fracasó en lo de mantener el asunto secreto. Cuando Bustos
habló con la revista Qué Pasa, la orden sólo fue “ningún peso para ese viejo”.
Es en esa demanda cuando llegan Garafulic y Álvarez. Ella llega primero a
través de una “amiga de ella que es
conocida mía de por ahí, así que fue a ojos cerrados. Pero al principio a la
Natalia no la conocí. Yo firmé contrato con el Valero que me dice: ‘yo no sé
nada, no entiendo nada, para eso están los abogados’.”
Según la
abogado al comenzar el caso públicamente los Dávalos-Compagnon “no querían trabajar con Antonio
(Garafulic), porque era “de Igor
Garafulic (intendente de Santiago en el primer periodo de Bachelet)[4]
y pensaban que podía filtrar información. Pero Antonio no conoce a Igor
Garafulic. Yo les expliqué que mis suegros viven en Buenos Aires y que nosotros
jamás hemos tenido contacto con ellos. Ahí se relajaron y empezaron a conocer a
Antonio, a tomarle más confianza y se convirtió en una carta súper importante
en Caval, porque es quien concilia a Natalia con Valero cuando no tienen
acuerdo.[5]
EL DESTINO DE LAS NUEVAS OFICINAS: Aquellas nuevas oficinas en avenida
Eliodoro Yáñez también se perdieron en medio de la crisis. El 4 de noviembre
de 2015 Tanner Leasing la demandó por el no pago de rentas. La empresa de
servicios financieros reclama el pago de más de $265 millones por
concepto de atrasos y multas. La acción judicial también va dirigida contra
CAVAL, como fiadora y codeudora solidaria de Inmobiliaria e Inversiones
San Lucas, que es la sociedad que aparece como titular en el contrato y de
la que Natalia Compagnon y su madre son las únicas accionistas. Según la
demanda de Tanner, desde junio de 2016, San Lucas se encuentra “en mora en
el pago de la renta correspondiente a dicho mes, y de todas las que se han
devengado desde entonces hasta la fecha de esta presentación”. Se exige el
pago de $22,1 millones correspondientes a las rentas vencidas
y de otros $243,3 millones por multas, además del pago de las
costas del juicio. De diciembre de 2014 a mayo de 2016, Compagnon alcanzó a
desembolsar por el arriendo de las oficinas y estacionamientos del edificio de
Eliodoro Yáñez $96 millones, correspondientes a la cuota inicial
del leasing ($33 millones), más 17 meses de renta ($62,9
millones).
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| EDIFICIO EN AVENIDA ELIODORO YÁÑEZ |
Durante
ese tiempo las oficinas eran frecuentadas por Mauricio Valero (quien se
encargaba de pagar los gastos comunes de los cinco inmuebles), Natalia
Compagnon y también por Sebastián Dávalos. Tras la formalización de Valero y
Compagnon en enero de 2016 las visitas de los directivos y gerentes de CAVAL se
hicieron cada vez más espaciadas, salvo, con cierta regularidad, aparecía Antonio
Garafulic, abogado de Natalia Compagnon, quien ocupaba la oficina 708.
Marcelo Carreño vendió su oficina y el estacionamiento en UF
2.500 en junio de 2016 (la compró en 2.173); Sol Herreros[6] la
vendió en agosto en UF 2.000 a Irina
Reyes Donoso[7]
(la había comprado en 1.627 UF). También salió ganando. Finalmente María
Luisa Valenzuela hipotecó su propiedad, en favor del Banco Santander, luego
de obtener un préstamo de esa entidad bancaria por UF 1.724 durante 2015.
En enero
de 2017 se aportó por Compagnon $ 37,5 millones para tratar de llegar a un
acuerdo, además se propuso el pago de otros $ 7,5 millones. Pero la empresa no
aceptó al estimar que con esa suma solo se hizo el pago de las rentas atrasadas
y vencidas. Quedaba una deuda cercana a los $ 26,3 millones, según los
demandantes. Reclamaron que ella obtenía ingresos con el subarriendo de las
oficinas. La defensa de Compagnon apeló la sentencia de primera instancia, pero
la rechazó finalmente. El jueves 29 de marzo de 2018 fueron desalojados los
departamentos por orden judicial.
A
principios de noviembre de 2016 la empresa Bruno Fritsch también
la demandó: un cheque por $410 mil girado por Compagnon a la automotora para el
pago de la cuota de un vehículo fue protestado por falta de fondos. El Banco
Santander solicitó el 2 de enero de 2018 desarchivar una causa contra
Compagnon por el incumplimiento en el pago de “$ 20.375.694, más los intereses”
que adeuda a esa entidad. Se intentó detenerla al hacer un pago de $ 5 millones
en efectivo para intentar llegar a un acuerdo.
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| GRACE ALVAREZ |
En abril
de 2016 se produce un cambio de estrategia de Compagnon. Ahora que ya tiene
la certeza que La Moneda no va a mover un dedo para salvarla. Su abogado, quien
es el responsable de la decisión dijo a la prensa que el nuevo esquema “Implica la separación completa de Natalia
Compagnon con el segundo piso y todo lo de La Moneda, e importa un rediseño en
las estrategias comunicacionales, jurídicas y contestatarias en orden a los
cargos que se le han hecho…(separando aguas de La Moneda, quienes) han tratado de interferir indebidamente en
la tramitación de esta causa”. Un “nada mejor que para defenderse atacar”.
Pero Garafulic no se quemó identificando a nadie y ante preguntas por
Aleuy y Lya Uriarte contestó lanzando la
piedra y escondiendo la mano: “No lo voy a referir, pero todo el mundo lo
sabe”. En abril de 2016 se incorporaron dos abogados Rodrigo Henríquez y
Gabriel Salazar, sin embargo los dos nuevos abogados llegados no
aguantaron mucho, en junio renunciaron y Garafulic y Álvarez quedaron solos (de
hecho él se reúne tres veces a la semana con su cliente), luego de su más bien
virulenta estrategia de declaraciones.
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| SEDE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA |
Grace Álvarez tomó el caso Caval cuando era
apenas una negociación privada donde Sergio Bustos pedía $120 millones. Y la
instrucción que recibió entonces fue que no dar cosa alguna. Y tuvieron éxito,
no le pagaron ni uno de los $ 230 millones por los que los demandó. Cuenta la
misma abogado, “Yo me voy a juicio porque
estaba pidiendo mucha plata, no estaban los medios ni los ánimos para pagarle
los $120 millones cuando él ya había ido a todos lados a esparcir la
información. No tenía sentido llegar a un acuerdo económico. La exposición
estaba en todos lados y entre pagar cero y pagar los $ 230 millones, era mejor
pagar cero. Y tampoco me convenía a mí porque si yo le pagaba eso ($120
millones), mi cuota litis me disminuía –dice sobre el porcentaje de premio que
se paga al abogado por lo que le ahorra el cliente”
LA ÚLTIMA “VÍCTIMA” DE
CAVAL: La
designación de un notario[8] en Chile es un acto
complejo que incluye la participación del Poder Ejecutivo y del Judicial.
Primero la Corte de Apelaciones respectiva convoca a un concurso público, al
que podrán presentarse todos los que posean las calidades requeridas para
desempeñarlo. La Corte somete a examen público a quienes se presenten,
eligiendo a 3 de ellos (una terna). Y esa lista pasa al poder Ejecutivo para
que sea el Presidente de la República (a través del MInsterio de Justicia)
proceda a nombrar a uno de ellos.
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| LUIS TOLEDO. FISCAL DEL CASO CAVAL |
En
esa etapa, Mahmud Aleuy, subsecretario del Interior se encargo de las “presiones tanto al titular de Justicia, como
también a algunos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, para
concretar el nombramiento de Luis Toledo[9] (a aquellos que no eran amigos del candidato de La Moneda). Esta
terna en particular estuvo lista en mayo de 2017 y la integraban “los notarios de Cochrane, Felipe San Martín, y de San Vicente de
Tagua Tagua, Isabel Chadwick; además
del fiscal Luis Toledo[10].”
Sin embargo a San Martín posteriormente se le nombró en otra notaría, por lo
que Campos, Ministro de Justicia, solicita la confección de una nueva terna,
esperando sacar a Toledo del listado.
Pero
la nueva lista, creada el 27 de octubre
de 2017, además de incluir a Toledo, agregó a Alberto Ortega Jirón, quien desde 2008 se desempeñó como Defensor
Regional de O’Higgins. Lo que si, esta designación estaba viciada porque
conforme al Código Orgánico de Tribunales (artículo 278) se deben postular dos notarios y sólo un abogado y aquí solo era un
notario y los otros dos abogados. Pero en el orden derivado de su puntuación,
primero iba Toledo, aunque el Ejecutivo es libre de nombrar, de los 3, a
cualquiera.
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| ALBERTO ORTEGA JIRÓN. EL PERJUDICADO |
En “fuentes (anónimas) cercanas del Poder Judicial revelaron
una reunión que sostuvo el secretario de Estado con los ministros de la
Corte de Apelaciones de Rancagua, donde les reprochó duramente la decisión
de insistir en el nombramiento de Toledo, quien habría rechazado el cargo de
Fiscal Metropolitano Norte para asumir en la notaría de San Fernando.”[11] Campos se resistía al
nombramiento porque a él le tocaría definer el tema y defender al Gobierno
cuando se supiera, y él no quería ocupar ese puesto, particularmente cuando la
idea no le gustaba.
El
2 de marzo de 2018, día viernes, y a
una semana de terminar el gobierno de Michelle Bachelet, al edificio de la
Contraloría General de la República, ingresó el decreto N° 230 del Ministerio
de Justicia, firmado por el ministro de Justicia, Jaime Campos, por el que se designaba a Alberto Ortega defensor
regional de O’Higgins, como Notario en la comuna de San Fernando. Faltaba
el trámite de toma de razón para que se aprobara, que tardaba normalmente entre
10 y 15 días.
El
lunes 5 el ministro de Justicia, Jaime Campos, convocó a su equipo
asesor de la cartera y les señaló que por “instrucciones
superiores” debía dar pie atrás en el nombramiento del nuevo notario de San
Fernando. Había recibido recién un llamado telefónico que lo dejó incómodo. A
nadie, en ese momento, informó de quién era el llamado. El Ministerio tuvo que retirar el decreto que
había enviado el viernes a la Contraloría, designando como notario a Alberto
Ortega, y se tenía que presentar un nuevo decreto por el que se designaba
al ex fiscal regional de O’Higgins y del Caso Caval, Luis Toledo, en ese
puesto.
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| JAMIE CAMPOS. MINISTRO DE JUSTICIA |
El
decreto, con el N° 230 del Ministerio de Justicia, tuvo que ser retirado
urgente, aunque había sido ya firmado por el Ministro Campos y la Contraloría
General de la República aún no había tomado razón del documento el viernes 2 de
marzo. Para que la situación no tomara ribetes de escándalo se enmascaró al
documento de nombramiento, con el número y la fecha original del que llevaba el
nombre de Ortega. Sin embargo trascendió a la prensa.
La
noticia estalló al día siguiente, 6 de marzo, acerca del nombramiento por el
Ministro de Justicia al exfiscal del Caso Caval como notario de San Fernando. Y
en La Moneda empezó a oírse fuerte el rumor que el subsecretario del Interior, Mahmud
Aleuy, había intervenido y había
realizado el llamado telefónico. Sin embargo él no fue el responsable, sino Ana
Lya Uriarte, la jefe de gabinete de la Presidente de la República, Michelle
Bachelet. En todo caso, ¿quién le informó a Uriarte que el nombramiento era
distinto al que se esperaba? ¿Toledo llamó quejándose? Ortega indicó que él
sabía ya el viernes que lo habían seleccionado. ¿Y desde cuándo la jefe de
gabinete, cargo de extrema confianza del Presidente de la República, se
interesa por el nombramiento de notarios?¿Y
basta la mera autoridad de ser la jefe de gabinete para que el Ministro
titular del ramo tenga que dar vuelta su decisión o se invocó una
superior?¿Actuó sola Uriarte o tenía realmente sus propias órdenes superiores
para actuar así?
 |
| ANA LYA URIARTE. LA MUJER PODEROSA |
En ese minuto Michelle Bachelet estaba en una
actitud que ya no le importaban las consecuencias de sus órdenes[12].
“…estas decisiones presidenciales han sido
vistas en la Nueva Mayoría como medidas tardías, sin destino, y en el seno del
propio gobierno, como una errática estrategia, porque deja abiertos demasiados
flancos, en vez de cerrarlos. En La Moneda explicaron que todas han sido
opciones zanjadas por Bachelet, sin consultar ni menos sondear a sus partidos
ni ministros, salvo a su círculo de hierro del segundo piso –Pedro Güell y Ana
Lya Uriarte– casi como una suerte de “liberación” de la Mandataria. “Bachelet
está terminando de gobernar con un sello de mucho personalismo, sin contrapeso,
porque tiene la lógica de que ya no pierde nada, que ya no es juzgada y no le
importa el efecto inmediato que tengan estas medidas”, explicó una alta
autoridad de Palacio.[13]
Campos al ser
consultado optó por la ofensiva, y encaró a los periodistas cuando le empezaron
a preguntar: “no entiendo cuál es la
polémica… el señor Toledo hace dos años trabaja en la fiscalía nacional, sí
tengo entendido que fue fiscal regional en Rancagua. Han inventado este cuento
de que se están pagando favores políticos”. Uno de los afectados, Ortega, en sus palabras, expresó que el
“viernes desde Justicia me dijeron que
estaba mi nombre en el decreto y luego el lunes, de forma sorpresiva, me dicen
que habían vetado mi nombre y eso me parece mal, que alguien te saque sin una
explicación al respecto…”
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| ALEUY. DOMADOR DE LA CORTE DE APELACIONES DE RANCAGÜA |
Toledo,
el favorecido se defendió con su carrera en el Ministerio Público y que “la decisión por ley le corresponde al Poder
Ejecutivo, que en ese sentido es libre para decidir cualquiera de las personas
que recae dicho nombramiento” y,por supuesto, rechazó cualquier insinuación
que su sorprendente designación era producto de haber dejado sin formalización
al hijo de la Presidente en ejercicio, Sebastián Dávalos, durante su
tramitación del caso, concentrándose sólo en la venta de Machalí, donde había
participado sólo su cónyuge Natalia
Compagnon, pero sin tomar atención a los demás negocios de CAVAL, así como las
finanzas del matrimonio.
Con
el cambio de gobierno, apenas una semana después, el decreto fue retirado de
Contraloría y se procedió a un nuevo proceso de selección para el cargo de
notario de San Fernando. Casi al unísono, Luis Toledo renunció a postular al
cargo.
¿Y CÓMO
FUERON LAS ENCUESTAS?[14]
En el sistema de encuestas de La Moneda,
la empresa Subjetiva se encargó de la tarea: “envió al ministerio Secretaría General de Gobierno en noviembre de 2015
el informe “Evaluación general de las
acciones de comunicación del gobierno”. En ella incluía un focus group y
que al referirse al caso una persona decía: “La cagada con el hijo le va a
pesar toda la vida, toda la vida, no se la va a sacar nunca de encima”, emitida
por un hombre de estrato económico C3.” Y en materia de encuestas,
ejecutadas por Go Research, la de 25 de febrero de 2015, titulado “Estudio
Flash: intervención presidencial Caso Caval”, señala que el 56,9% de la
población se consideraba en ese entonces como “informado o muy informado” sobre
el caso; que el 49,9% consideraba que era un “negocio legal entre privados, pero éticamente cuestionable”, y el
34,6% sostenía que “es un negocio ilegal”.
El 62,1% señalaba haber escuchado las declaraciones de la presidenta Bachelet
sobre el caso, y, de ellos, el 62,5% calificaba esta intervención como “mala o muy mala”. el 87% consideraba que
con sus dichos, la presidenta “dejó
algunos aspectos sin aclarar sobre el caso” o bien “no aclaró las dudas”. Y
el rechazo a la manera con que
Bachelet había enfrentado la situación era del 56,5%. Frente a la consulta de si creían que el gobierno
colaboraría y no obstruiría las investigaciones: el 45,7% pensaba que sí
colaboraría, y el 40,5% pensaba que no.
 |
| PRESIDENTE BACHELET Y SU HIJO |
En enero
de 2016, realiza otro estudio: el 99% de los encuestados aseguraba haber
sabido del caso Caval. Y la desaprobación sobre la forma en que Bachelet había
gestionado el caso subía hasta el 74%.
Al ser consultados sobre lo que recordaban de los dichos de Bachelet en relación
al tema, la mayoría destacaba que “se
había enterado por la prensa” (21%) o “no
sabía” (20%). El 51%, en tanto, pensaba que era una causa que no se debía
desatender. Y entre las emociones que generaba la causa, el 71% señaló que le
provocaba “rabia”, el 67% afirmó que le daba “vergüenza” y el 63% señaló que
sentía “decepción”. Otra cifra preocupante era que el 70% creía que antes de
que se conociera el caso Bachelet ya “sabía del negocio en general” o de
frentón “sabía del negocio con detalles”. Además, el 91% pensaba que en el
futuro aparecerían más antecedentes del tema.
En febrero
de 2016 sale el tercer estudio. El 42%
señalaba que Bachelet estaba “preocupada
o muy preocupada” por el avance del caso Caval, y el 77% estaba “de
acuerdo” o “muy de acuerdo” con la formalización en la causa de Natalia
Compagnon.
Al igual que el mes previo, “vergüenza”,
“rabia” y “decepción” eran los sentimientos predominantes. Y aún el 68%
sostenía que Bachelet habría sabido antes de que estallara el caso del negocio,
ya sea de forma general o con detalles.
TRASPASO DE MANDO DE 2018.
LA CONSECUENCIA MÁS NOTORIA DEL CASO
[1] Tapia, María José. El derrumbe del plan
Compagnon. Revista Qué Pasa. Abril 1, 2016. En
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2016/04/el-derrumbe-del-plan-compagnon.shtml/
[2] Tapia, María José. El derrumbe del plan
Compagnon. Revista Qué Pasa. Abril 1, 2016. En http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2016/04/el-derrumbe-del-plan-compagnon.shtml/
[3] Drysdale,
Sabine. Grace Álvarez: Legalmente rubia. Revista Paula digital.
Reportajes y Entrevistas. 8 de abril de 2016. En http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/legalmente-rubia/
[5] Drysdale,
Sabine. Grace Álvarez: Legalmente rubia. Revista Paula digital.
Reportajes y Entrevistas. 8 de abril de 2016. En
http://www.paula.cl/reportajes-y-entrevistas/legalmente-rubia/
[6] Las deudas de Compagnon en los pagos de administración de esas oficinas
generaron un reciente quiebre y distanciamiento entre ella y Sol Herreros,
quien, sin embargo, sigue manteniendo su amistad con Dávalos, según señalan
cercanos a ambos.
[7] En marzo de 2014, fue nombrada por la
Presidenta Michelle Bachelet como directora ejecutiva de la Fundación
Chilenter, una de las organizaciones sin fines de lucro que depende de
la Dirección Sociocultural de la Presidencia, entidad que por
entonces estaba encabezada por su hijo, Sebastián Dávalos. Arellano, Alberto y Pizarro, Gabriela. Studio Office Tobalaba: la otra
operación inmobiliaria fallida de Natalia Compagnon. CIPER. Actualidad y
EntrevistasPublicado: 17.11.2016. En
http://ciperchile.cl/2016/11/17/studio-office-tobalaba-la-otra-operacion-inmobiliaria-fallida-de-natalia-compagnon/
[8] El cargo es muy
apetecido por muchos porque es muy rentable económicamente y asegura, sin
mayores sobresalentos, los ingresos hasta los 75 años.
[9] González, Alberto. Las presiones de La
Moneda para nombrar al fiscal Toledo como notario en San Fernando. Radio
Bío Bío. 7 de marzo de 2017. En http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/03/07/las-presiones-de-la-moneda-para-nombrar-al-fiscal-toledo-como-notario-en-san-fernando.shtml
[10] En 2016 salió del caso
CAVAL (sin formalizar a Sebastián Dávalos, cosa que sus sucesores si hicieron)
y pasó a ser el jefe de la Unidad contra
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Peligrosas de la Fiscalía.
[11] González, Alberto. Las presiones de La
Moneda para nombrar al fiscal Toledo como notario en San Fernando. Radio
Bío Bío. 7 de marzo de 2017. En http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/03/07/las-presiones-de-la-moneda-para-nombrar-al-fiscal-toledo-como-notario-en-san-fernando.shtml
[12] Lo que se verá con sus
tardías presentaciones de proyectos de Ley e incluso de una nueva Constitución,
casi sacada de la manga y el asunto del cierre de Punta Peuco.
[13] Jiménez, Marcela. El veleidoso cierre de
Bachelet. El Mostrador. 8 marzo, 2018. En
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/03/08/el-veleidoso-cierre-de-bachelet/
[14] Rivas, Sebastián. Los estudios secretos que alertaron a La Moneda de
las duras consecuencias del caso Caval. La Tercera PM. 11.03.18. En https://www.latercera.com/politica/noticia/los-estudios-secretos-alertaron-la-moneda-las-duras-consecuencias-del-caso-caval/95569/
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