EL
ESCANDALOSO FINAL DEL GOBIERNO DE MICHELLE BACHELET (I)
Fueron
tres episodios consecutivos los que mostraron el estado en que terminó el
segundo gobierno de Michelle Bachelet. Si no hubiera bastado que la Nueva
Mayoría perdiera la elección parlamentaria a manos del Frente Amplio (antigua
izquierda extraparlamentaria) y Chile Vamos (partidos de derecha) y la
presidencial, cuando su candidato fue aplastado por su rival de Chile Vamos,
Sebastián Piñera (en una elección en que el número de votantes creció en medio millón, respecto de
las contiendas anteriores), el gobierno de Bachelet intentó organizar el fin de
mandato como una fiesta para celebrar el legado que dejó al país su gobierno.
En
algunos medios se habló de la “maldición de febrero” para referirse a esta
etapa al recordar el desastre inicial: la publicación del escándalo CAVAL, en el que participaron la nuera y el hijo de
la presidente (Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos Bachelet). Sin embargo los
hechos muestran que no sólo en febrero sino en ese verano de 2018 se incubaron
los últimos espectáculos que dio la administración bacheletista, mientras
estallaban los finales escándalos.
PUNTA PEUCO: Ubicado
en la comuna de Tiltil, es un recinto carcelario establecido en el gobierno de
Eduardo Frei para aquellas personas, civiles o militares, que fueran condenadas
por causas vinculadas a violaciones de DD.HH.
Su
cierre fue una promesa de Michelle Bachelet, y que formuló con ocasión en una reunión
con Carmen
Gloria Quintana[1], hecha de manera
privada el 30 de julio, pero dada a conocer por la misma Quintana, cuando al
salir de la reunión la mujer declaró que la presidente le había prometido que
iba a cerrar ese local penitenciario. En el gobierno de Sebastián Piñera se
produjo el cierre del penal Cordillera,
en septiembre de 2013[2] dejando sólo el recinto de
Punta Peuco abierto, lo que aseguró que a medida que se dictaran sentencias
condenatorias en materia de DD.HH, iba a llenarse.
Michelle Bachelet
El 14 julio de 2014, con ocasión de la primera
audiencia con la presidente Michelle
Bachelet que tuvieron líderes de diversas agrupaciones de derechos humanos,
Lorena Pizarro líder de la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la presidenta de
la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, llevaron una serie de
solicitudes agrupadas en lo que denominaron “agenda corta de DD.HH.”: poner fin al secreto por 50 años del
Informe Valech, prohibir homenajes públicos a sujetos procesados o condenados
por delitos de lesa humanidad e impedir que estos uniformados recibieran
beneficios carcelarios y el cierre de la cárcel especial de Punta Peuco. En lo
relevante, Bachelet sólo se
comprometió a dejar al entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez, a cargo de verificar la factibilidad de esta
agenda y monitorear su avance. Privadamente Bachelet le pidió a Gómez que estudiara un eventual cierre
de Punta Peuco. El ministro, a su vez, instruyó realizar un informe técnico a
Gendarmería para analizar esa posibilidad, que se empezó a realizar en
septiembre de 2014, cuando Bachelet anunció que le daría suma urgencia al
proyecto para anular la Ley de Amnistía y al que tipificaría el delito de
tortura.
El
documento quedó listo en marzo de 2015.
Algunos de sus puntos fundamentales remiten a aspectos estrictamente operativos
que respaldaban un eventual cierre.
a. el
creciente hacinamiento causado por los más de 70 internos que cumplían condena
ahí en ese momento y que motivaron la construcción de nuevos módulos en
estructuras tipo contenedor, que luego tuvieron que ser reacondicionadas para
maximizar el espacio. Al límite de su capacidad, seguir ampliando Punta Peuco
se hacía inviable.
b. el
recinto no estaba en condiciones de albergar mujeres, a pesar de que en ese
momento ya había varias ex militares procesadas por estos delitos,
c. problemas
con el suministro de agua en toda la comuna de Tiltil, declarada zona de
escasez hídrica en 2012.
Esas
situaciones, sumadas a la carga simbólica de Punta Peuco, llevaron a que tanto
el ministro Gómez como la Mandataria se convencieran de que el cierre del penal
no era descabellado. Gómez[3], incluso, alcanzó a
visitar las instalaciones de Asistyr
al interior del penal Colina 1, destinado a enfermos siquiátricos. Durante esa
inspección, señalan (anónimos) cercanos al ministro radical, que Gómez vio que
el lugar podía cumplir con las condiciones para recibir a los militares presos.
Es más, se les consultó la opinión a diversas personas, incluidos algunos
presos de Punta Peuco, como el brigadier (R) y ex agente del Dina Miguel
Krassnoff, quien -según consignaría más tarde el informe entregado a la
Presidenta Bachelet- habría mostrado disposición a ser trasladado al nuevo
recinto penitenciario.
La noticia del cierre y traslado de los detenidos se
supo hasta el 9 de agosto de 2015. Ese día, en una entrevista con el diario
electrónico El Desconcierto[4],
la sicóloga Carmen Gloria Quintana, contó que estuvo “conversando con la Presidenta Bachelet y ella me comunicó que Punta
Peuco se va a cerrar en septiembre”. Por esas fechas en La Moneda no se hicieron
cargo de la filtración pues estaba enfrascada en el “realismo sin renuncia”.
La Mandataria,
hasta finales de agosto de 2017, jamás les explicitó a los miembros del comité
político que tuviera decidido cerrar Punta Peuco. A esa altura Bachelet se cobijaba
en su segundo piso “y en especial con la
ministra de Justicia, Javiera Blanco, a partir de los informes elaborados en la
gestión de Gómez… (y) desde agosto de 2015 empujó con más fuerza
la idea de cerrar Punta Peuco”[5] Pero Blanco cayó a raíz del
conflicto del Registro Civil, los que estaban por iniciar un paro de
actividades que se prolongaría por 39 días. Conforme a fuentes de gobierno, “era una buena forma de salir por arriba de
la crisis… podría haber significado
un alza de dos o tres puntos en el respaldo a Bachelet”.
En septiembre de 2015, Blanco obtuvo la autorización de la
Presidencia para iniciar los trabajos de remodelación del módulo Asistyr en Colina 1 invirtiendo cerca
de 1.500 millones de pesos en la refacción, pintura, habilitación y
alhajamiento de las tres galerías, separadas por pequeños patios o espacios
comunes, con que cuenta este módulo especial en el penal Colina 1 mejoramientos
de seguridad, la construcción de baños comunes y del alzamiento de un muro
perimetral.
Pintado
de color blanco hueso, el edificio contenía una serie de galerías, cada una de
las cuales disponía de 10 celdas, de dos metros de largo por dos de ancho,
algunas con camas individuales, pero que podrían llegar a albergar literas en
caso de aumentar el número de internos. En total, afirman fuentes (anónimas) de
Gendarmería, tal como está, podría recibir a unos 120 reclusos. Cada habitación
dispone de una pequeña ventana con gruesos barrotes y las puertas son pesadas
correderas de acero con una pequeña mirilla de metal que permite a los guardias
vigilar a los reos en todo momento. Carece de todas las comodidades que había
en Punta Peuco: sala de máquinas de ejercicios para el kinesiólogo, aulas para
aprender idiomas, capilla, biblioteca. Dispone de una enfermería, la que fue
habilitada a petición de algunos jueces de causas de derechos humanos,
precisamente para evitar que los condenados, muchos de ellos adultos mayores,
fueran sacados periódicamente del penal al Hospital Militar u otros centros
asistenciales a control y tratamientos. El costo de las reparaciones del
edificio fue de $ 1.500 millones (de la época)
Punta Peuco
En octubre o noviembre de 2015, el
entonces ministro del Interior, Jorge
Burgos, les pidió a un par de funcionarios de su cartera que inspeccionaran
las obras y el lugar. Una de las cosas que le relataron más tarde fue que había
una sola entrada para las visitas en todo el Centro de Cumplimiento
Penitenciario, lo que podría llegar a convertirse en un problema, por lo que se
construiría una entrada independiente para el módulo.
En agosto de 2016, las agrupaciones de
derechos humanos habían vuelto a levantar el tema y presionaban a la ministra
Blanco porque se oficializara el anuncio. “Pedimos
que nos llevaran a conocer las cárceles por dentro, estuvimos en Santiago Uno,
en San Miguel y en Colina 1. Me pareció que Santiago Uno era un lugar más
parecido a una cárcel común, donde personas como éstas deben estar, porque son
violadores de DD.HH. Ahora, el recinto de Colina 1 también me parece del
estándar, y vamos a apoyar esa decisión”, recordó la presidenta de la AFDD,
Lorena Pizarro.
Por
esas fechas se dictó sentencia de primera instancia en la llamada causa Operación
Colombo contra 106 ex militares (personal de la DINA casi todos ellos) y de los
que la gran mayoría, irían presos por primera vez y no había espacio para
recibirlos a todos en el penal de Tiltil.
El 6 de julio de 2017, en una entrevista a
CNN, le recordaron a Bachelet su compromiso. “Yo voy a cumplir todas las promesas que he hecho”, remarcó la
Mandataria. En el gobierno aseguran que el módulo de Colina 1 está habilitado y
el operativo de traslado de los presos está listo para ser ejecutado apenas la
Presidenta Bachelet firme el decreto para el cierre definitivo de Punta Peuco.
Ya en agosto se hablaba que estaba listo el
plan de traslado con “varias unidades
móviles -que incluye ambulancias- que se desplazarán en forma simultánea para
minimizar el tiempo de traslado de los detenidos.”[6]
La idea es no repetir los incidentes que se produjeron en 2013. El destino
sería para todos ellos el recinto especial de Colina I, con la pretensión de
mezclarlos de alguna manera con la población común. Para esa fecha, que se
calculaba que lo haría en septiembre[7]. Sólo faltaba la firma del
decreto supremo por la Presidente y el ministro de Justicia. “El documento tipo, incluso, ya estaba
redactado, falta llenar espacios en blanco, aseguran personeros del Ministerio
de Justicia. Lo demás debería ser igual de expedito, añaden las mismas fuentes.
Entre el recinto de Tiltil y el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1
hay unos pocos kilómetros de distancia… El anuncio oficial, sin embargo, será
horas después, cuando los reclusos ya estén en sus nuevas celdas.”[8]
El
momento era el aniversario del 11 de
septiembre, aunque no todos están de acuerdo en el comité político que el
acto se relacionara con los recuerdos del golpe de Estado. Incluso hubo quienes
estimaron, como el ministro del interior, Mario
Fernández, y su par de Justicia, Jaime
Campos, que se enviara, además, al Congreso un proyecto de ley que regule
de manera general el tema penitenciario, entre ellos la edad máxima que puede
tener una persona para que cumpla pena de cárcel efectiva. Al final pasó la
fecha y nada ocurrió. En vez de eso, el gobierno optó por crear la Subsecretaría de Derechos Humanos,
dentro de la cartera de Justicia. Esto molestó a las agrupaciones de derechos
humanos, las que desde entonces, cada viernes marcharon frente a La Moneda,
exigiendo el fin de este penal especial.
Y así
siguió, hasta un mes después de la segunda vuelta electoral (tras la
contundente victoria de Sebastián Piñera),
en enero de 2018. Mientras se acercaba rápidamente el fin del gobierno. “Los días de cierre de Gobierno son como un
estado febril, todo el mundo está con las últimas reuniones, gestiones y firmas…”
contó un subsecretario.
A
comienzos de enero, Jaime Campos
rechazó firmar un decreto que creaba la Comisión Valech III, anuncio que la ex
Presidenta de la República hizo en septiembre del 2017. La Subsecretaría de
Derechos Humanos le hizo llegar dicho documento. Campos explicó que “fue una conversación que tuve con la
Subsecretaria de Derechos Humanos que me había propuesto un decreto, pero le
hice una serie de observaciones jurídicas que a mi modo de ver hacían inviable
lo que me estaban proponiendo", expresó. "La subsecretaria de Derechos Humanos había hecho una propuesta de
decreto en que planteaba que por el simple acto de la autoridad administrativa,
ejecutiva en este caso, se formase una suerte de Comisión Valech III, pero que
no tenía origen legal como ocurrió con la Comisión Valech II… le hice
observaciones por escrito que no se corrigieron y tampoco se transformó en
norma." El acto requería una ley, por lo tanto una intervención del
Congreso, "debió concretarse por ley
y no por decreto"[9].
Nos
detendremos aquí para explica escándalo de breve duración. Pero la historia de
Punta Peuco continuará.
Luis Toledo
TOLEDO: Luis Toledo, ex fiscal en el caso CAVAL nunca
se había desempeñado como notario anteriormente, pero fue nombrado en la terna
que le llegó a Campos, desde la
Corte de Apelaciones de Rancagua por sus “méritos”,
en mayo de 2017. Se puede leer en la
resolución del tribunal de segunda instancia: “El cupo que la ley permite llenar con un abogado externo elegido por
méritos será ocupado por el oponente que reuniendo dichas características
obtuvo la más alta votación (…), cuyas
preferencias obtenidas cumplen con la mayoría absoluta de los votos de los
miembros de este tribunal”.
Luis
Toledo[10],fue fiscal regional de O’Higgins y llevó el
Caso Caval[11] durante un tiempo. La terna llevó otros dos nombres: Felipe San Martín (notario de Cochrane)
e Isabel Chadwick (notario en San
Vicente de Tagua Tagua). Pero San Martín
fue nombrado en otra notaría. La Corte eligió llenar el cupo en vez de armar
una nueva terna.
Tras conocerse la designación de Toledo (en marzo), rápidamente un nombre comenzó a repetirse
en las conversaciones al interior del Poder Judicial: el subsecretario del
Interior, Mahmud Aleuy. Y es que
según distintas fuentes, el secretario de Estado encabezó las presiones tanto
al titular de Justicia, como también a algunos ministros de la Corte de Apelaciones
de Rancagua, para concretar el nombramiento de Luis Toledo. Si bien es conocida
la amistad del persecutor con algunos integrantes del tribunal de alzada, la
presión desde el palacio de Gobierno apuntó a los otros magistrados.[12]
En septiembre de 2017, “Campos le pide a los ministros que se
confeccione una nueva terna, con la esperanza que sacaran a Toledo. No
obstante, los magistrados volvieron a incluir a Toledo (e Isabel
Chadwick), y además sumaron a Alberto Ortega Jirón[13]…fuentes
cercanas del Poder Judicial revelaron una reunión que sostuvo Campos con los
ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde les reprochó duramente
la decisión de insistir en el nombramiento de Toledo, quien habría rechazado el
cargo de Fiscal Metropolitano Norte para asumir en la notaría de San Fernando…
según el Código Orgánico de Tribunales, se deben postular dos notarios y sólo
un abogado, siendo que en este caso en la nómina estaban dos juristas,
generándose un vicio…la Contraloría General de la República puede perfectamente
argumentar este vicio para dejar sin efecto el nombramiento de Toledo.”
El día
2 de marzo, el ministro de Justicia, Jaime
Campos, nombró a Alberto Ortega Jirón como nuevo notario
de San Fernando. Y se envió la documentación del decreto respectivo a la Contraloría
General de la República. Contó el mismo Campos, días después que "era absolutamente legal, estaba dentro de
mis facultados hacerlo, pero yo no quise provocar esa situación". Agregó
que está consciente que el nombramiento era polémico: "por esa razón es
que el día viernes yo había firmado un decreto designando notario en San
Fernando a un señor de apellido Ortega, a quien no conozco."[14]
Sin
embargo, “el lunes 5 el ministro de
Justicia, Jaime Campos, convocó a su equipo asesor de la cartera y les señaló
que por “instrucciones superiores” debía dar pie atrás en el nombramiento del
nuevo notario de San Fernando. La versión que emanó desde el entorno de
Campos, acusaron que el llamado lo hizo la jefe gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte[15].
El nombre, Luis Toledo “…advertiría a la
Presidencia los efectos de una designación como esa, pues Toledo había
investigado a la familia de la Presidenta Bachelet por ese caso. Pero la
respuesta fue clara: “no hay ningún compromiso adquirido con Toledo”… lo de Toledo, pese a su advertencia, lo veía
como una decisión política y administrativa.[16]. Según fuentes de ese ministerio, dejó ver su incomodidad con una
llamada que lo obligaba a retirar el decreto que había enviado el viernes a la
Contraloría.”
En el
Ministerio de Justicia “Campos estaba
enojado con lo sucedido, que advirtió a varios de sus colaboradores que se
vendría una avalancha de críticas”[17]
Jaime Campos a la derecha
de la imagen
“De acuerdo a la versión de al menos dos de sus
colaboradores, el secretario de Estado no especificó quién lo había contactado
desde La Moneda, sin embargo la sorpresa se desató en su equipo cuando les
comunicó que debía reemplazar el nombre del defensor regional de O’Higgins, Alberto
Ortega, por…Luis Toledo. La instrucción obligó a personeros del Ministerio de
Justicia a retirar el decreto 230 que se había ya enviado a Contraloría para su
toma de razón... De hecho, sólo el día anterior Campos había firmado el
documento de nombramiento de Ortega.”[18] Se pudo realizar el
encargo “de la autoridad superior” porque mientras la Contraloría no toma razón
del trámite la designación aún no está completa, por lo que se puede desandar
el camino. Y, conforme a la Contraloría, el retiro de un decreto antes de que
éste sea sujeto de toma de razón es una práctica habitual.
El 6 se envió los antecedentes con el
nuevo nombre a Contraloría, para su revisión. El decreto 220 se antedató con
fecha de viernes 2, como si ese
hubiera sido el original. El “defensor
regional de O’Higgins se llevó una completa sorpresa, porque, según reconoce,
le habían avisado la semana pasada que él era el elegido para el cargo en que
fue designado Toledo. (Declaró el mismo) “me parece mal lo que ha pasado, uno se ilusiona con situaciones de este
tipo. El viernes desde Justicia me dijeron que estaba mi nombre en el decreto y
luego el lunes, de forma sorpresiva, me dicen que habían vetado mi nombre y eso
me parece mal, que alguien te saque sin una explicación al respecto y más que
ahora se diga que fue a petición de alguien superior…como él investigó un caso
complejo es distinto a mi situación y respecto a lo que se ha dicho, sólo
podría parafrasear lo que dicen algunos respecto a que ‘la justicia no sólo
debe ser justicia, sino parecerlo”[19]
Frente al
escándalo el Ministro de Justicia, Jaime
Campos, declaró que no entendía “cuál
es la polémica… el señor Toledo hace dos años trabaja en la fiscalía nacional,
sí tengo entendido que fue fiscal regional en Rancagua. Han inventado este
cuento de que se están pagando favores políticos” Campos agregó que si se hubiera nombrado a Isabel Chadwick” las críticas habrían dado como razón el
querer “congraciarse” con el próximo titular de Interior, Andrés Chadwick,
primo del presidente electo, Sebastián Piñera. Y si designaba a Ortega “(o)tro
desubicado habría dicho que yo estaba favoreciendo a los funcionarios del
Ministerio de Justicia que están bajo mi dependencia” [20].
Toledo, a su vez, afirmó: “yo he servido en el Ministerio Público por más de 18 años… la decisión
por ley le corresponde al Poder Ejecutivo, que en ese sentido es libre para
decidir cualquiera de las personas que recae dicho nombramiento y en eso yo no
tengo nada que ver… me tocó investigar una causa muy compleja a nivel nacional
y me tocó formalizar a personas que hoy día son incluso acusadas. En ese
momento no existió ningún cuestionamiento respecto de la conducta, he
incluso siendo felicitado por diversos actores del ámbito nacional en la forma
que se desarrolló la investigación”.
La Asociación de Fiscales declaró: “El nombramiento de Luis Toledo como notario
ha tendido, razonablemente, un manto de dudas sobre la independencia con que
adoptó las decisiones en el caso Caval. El descrédito que ello importa para el
Ministerio Público es irreparable e inadmisible (…).
En La
Moneda (fuentes anónimas) dejaron caer a Campos
porque le achacaron correr “con colores
propios, que había enviado el decreto con el nombre de Ortega sin que fuera
visado en Palacio y que son “injustas” y “erradas” las versiones que dejan a
Toledo como un actor pasivo en el caso Caval…En reserva, en la sede de Gobierno y en la Nueva Mayoría consideran
que, más allá de cualquier consideración y explicación, el nombramiento se ve
feo, que ensució el cierre de la actual administración, que este no puede ser
el último gesto, el último acto con el que Bachelet salga de Palacio.”[21]
El 8 de
marzo de 2018, Ana Lya Uriarte
recibió el e-mail (no aparece en él el nombre de Campos, pero el autor se
refiere a sí mismo como que la designación fue en contra de la opinión de quien
lo redactaba[22]),
en el que se lee: «De lo que conversamos
el lunes pasado (5 de marzo), entendí
que tenías claro que yo no firmaría dicho Decreto (indulto a Jorge
Mateluna) y, por ende, tú misma me
planteaste que lo haría el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia.
Por ello, me extraña que ahora requieras mi firma. Aún más, habida
consideración todos los costos políticos y personales que he debido pagar en
estos días por el nombramiento del Notario Toledo en San Fernando, contra mi
opinión, comprenderán lo complejo y difícil que es para mí asumir evitables
sacrificios y con mayor razón cuando creo que la fórmula planteada es legal y
políticamente incorrecta… con todo y entendiendo que la facultad de conceder
Indultos es, en última instancia, una potestad presidencial, para considerar la
firma de lo que me propones, necesito que la Presidenta me lo diga
personalmente, después de haberle representado la improcedencia de lo sugerido,
por lo que te pido que me agendes a la brevedad una reunión con ella.»
Al final
quedó el asunto en manos del ministro de Justicia del nuevo gobierno, Hernán Larraín, quien asumió el 11 de
marzo y retiró las designaciones aún no son visadas por Contraloría. El 12 de
marzo informó a la prensa que pediría retirar la postulación de Toledo y
solicitar a la Corte de Apelaciones de Rancagua una nueva terna para el cargo.
El 13 Luis Toledo presentó su
renuncia al concurso.
[1] Mujer que sobrevivió a
la quema de su cuerpo por una patrulla militar en 1986. Su acompañante, Rodrigo
Rojas De Negri murió en la misma ocasión al no resistir el efecto de las
llamas. Los presuntos culpables ya fueron condenados.
[2] “Piñera en 2013, cuando anticipó la decisión de cerrar el penal
Cordillera y trasladar a Punta Peuco a los 10 ex oficiales que estaban allí
presos, entre ellos el ex jefe de la Dina general (R) Manuel Contreras
Sepúlveda, para terminar con los privilegios que tenían en el recinto de
Peñalolén, junto al Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército, donde
disponían de cabañas, quinchos y jardines para recibir a las visitas. Cuando
Piñera hizo el anuncio desde Nueva York, el 26 de septiembre de ese año, no
todos los reclusos directamente afectados estaban en Cordillera. El general (R)
Odlanier Mena, ex director de la CNI, estaba en su departamento de Las Condes,
con beneficio de libertad los fines de semana. El domingo 28 de septiembre,
Mena salió a la escalera del edificio donde vivía y se descerrajó un disparo en
la cabeza. El ex militar no estaba dispuesto a ir a Punta Peuco. El suicidio de
Mena empañó, en parte, el simbolismo que tenía para un gobierno de
centroderecha haber sido el único capaz de haber puesto término a un recinto
ampliamente cuestionado por las organizaciones de familiares de víctimas de los
derechos humanos y por partidos de la centroizquierda. Las manifestaciones e
incidentes ocurridos durante el operativo de traslado de los nueve presos
restantes, tanto a la salida de Cordillera como a la llegada de los reos a
Punta Peuco, tampoco ayudó.” F. Artaza, F. Siredey y L. Ayala. De Punta
Peuco a Colina 1: los detalles inéditos del traslado. La Tercera. Reportajes. 27/08/2017. En http://www2.latercera.com/noticia/punta-peuco-colina-1-los-detalles-ineditos-del-traslado/
[4] Vinculado al Frente
Amplio, una alianza de partidos de izquierda.
[5] F. Artaza, F. Siredey
y L. Ayala. De Punta Peuco a Colina 1: los detalles inéditos del traslado. La Tercera. Reportajes. 27/08/2017.
En
http://www2.latercera.com/noticia/punta-peuco-colina-1-los-detalles-ineditos-del-traslado/
[6] F. Artaza, F. Siredey
y L. Ayala. De Punta Peuco a Colina 1: los detalles inéditos del traslado. La Tercera. Reportajes. 27/08/2017.
En
http://www2.latercera.com/noticia/punta-peuco-colina-1-los-detalles-ineditos-del-traslado/
[7] fecha emblemática para
la izquierda chilena (por el Golpe de 1973)
[8] F. Artaza, F. Siredey
y L. Ayala. De Punta Peuco a Colina 1: los detalles inéditos del traslado. La Tercera. Reportajes. 27/08/2017.
En
http://www2.latercera.com/noticia/punta-peuco-colina-1-los-detalles-ineditos-del-traslado/
[9] Comisión Valech III, el otro "No" del ex ministro Jaime
Campos en el gobierno de Bachelet Fuente: Emol.com. En
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/03/14/898608/Comision-Valech-3-el-tercero-No-del-ex-ministro-Jaime-Campos-al-gobierno-de-Bachelet.html
[10] A la fecha Toledo se
desempeñaba como jefe de la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes
y Sustancias Peligrosas del Ministerio Público, cargo que le fue ofrecido por
el fiscal nacional, Jorge Abbott, tras la salida de Solange Huerta de la
fiscalía. Mientras estuvo en la Fiscalía de Rancagua, durante la investigación
del Caso Caval, evitó formalizar al hijo de la presidenta Michelle Bachelet,
Sebastián Dávalos, por considerar que no habían antecedentes suficientes para
imputarle cargos. De hecho, gracias a sus gestiones se puso el foco en el
síndico de quiebras, Herman Chadwick Larraín (y se les sacó sobre la matrimonio
Dávalos-Campignon.
[11] Digamos de inmediato
que en los 30 días anteriores ya se habían designado a 16 más.
[12] González, Alberto. Las
presiones de La Moneda para nombrar al fiscal Toledo como notario en San
Fernando. Radio Bio-Bío. 07 marzo
de 2018. En
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/03/07/las-presiones-de-la-moneda-para-nombrar-al-fiscal-toledo-como-notario-en-san-fernando.shtml
[13] Alberto Ortega Jirón, desde 2008 y hasta la fecha se desempeñó como
Defensor Regional de O’Higgins.
[14] Rivas, María Octavia. Ana Lya Uriarte, la pieza clave de la tensa
última semana de Campos con Bachelet. Emol.com. 14 de Marzo de 2018
En http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/03/14/898657/La-tensa-semana-de-Campos-con-Uriarte-y-Bachelet-en-la-ultima-semana-de-gobierno.html
[15] Rivas, María Octavia. Ana Lya Uriarte, la pieza clave de la tensa
última semana de Campos con Bachelet. Emol.com. 14 de Marzo de 2018
En http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/03/14/898657/La-tensa-semana-de-Campos-con-Uriarte-y-Bachelet-en-la-ultima-semana-de-gobierno.html
[16] Jara, Sergio. Masones, jueces y notarios: La historia
tras la tensa última semana de Campos y Bachelet. Radio Bío Bío. En
http://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2018/03/13/masones-jueces-y-notarios-la-historia-tras-la-tensa-ultima-semana-de-campos-y-bachelet.shtml
[17] Jiménez, Marcela. El veleidoso cierre de
Bachelet. El Mostrador. 8 marzo, 2018. En http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/03/08/el-veleidoso-cierre-de-bachelet/
[18] Ayala, Leslie y Fáundez, Gloria. La
misteriosa llamada tras el nombramiento como notario del ex fiscal del caso
Caval. La Tercera PM. En http://www.latercera.com/politica/noticia/la-misteriosa-llamada-telefonica-tras-nombramiento-del-ex-fiscal-del-caso-caval/90772/
[19] Ayala, Leslie y Fáundez, Gloria. La
misteriosa llamada tras el nombramiento como notario del ex fiscal del caso
Caval. La Tercera PM. En http://www.latercera.com/politica/noticia/la-misteriosa-llamada-telefonica-tras-nombramiento-del-ex-fiscal-del-caso-caval/90772/
[20] El cargo de notario es muy apetecido en el mundo judicial, debido a lo
lucrativo que significa y por la estabilidad que ofrece, debido a que
prácticamente se aseguran un trabajo hasta los 75 años de edad, con una
remuneración millonaria. Si bien no es un monto fijo (va a depender de los
trámites, cuyo valor están regulados por ley), lo cierto es que al menos en las comunas más importantes se habla de
hasta 50 millones de pesos mensuales. González, Alberto. Las presiones
de La Moneda para nombrar al fiscal Toledo como notario en San Fernando. Radio Bio-Bío. 07 marzo de 2018. En
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/03/07/las-presiones-de-la-moneda-para-nombrar-al-fiscal-toledo-como-notario-en-san-fernando.shtml
[21] Jiménez, Marcela. El veleidoso cierre de
Bachelet. El Mostrador. 8 marzo, 2018. En http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/03/08/el-veleidoso-cierre-de-bachelet/
[22] En los mensajes
entregados vía Transparencia a En Estrado, Presidencia ocultó los
nombres y datos personales de las personas que se comunicaron con la entonces
jefa de gabinete de Bachelet.
EnEstrado. 10 de Agosto 2021. En
https://enestrado.com/correos-secretos-del-segundo-gobierno-de-bachelet-parte-ii-e-mail-evidencia-orden-para-nombrar-a-exfiscal-del-caso-caval-como-notario-y-expone-la-ferrea-oposicion-que-tuvo-la-presidenta-por-indulto/
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