Intervención
para el 13
El martes 11 de Enero
la empresa de Vial no pudo renegociar un compromiso con el Bank of Montreal por
mas de 2 US$ millones aun contando con un certificado de la CORFO en donde esta
aparecía como su Aval. El mismo día otra empresa del grupo tuvieron crisis de
caja y el Banco del Estado debió socorrerlas.
A
las 22:30 Rolf Lüders[1] en
cadena nacional comunica la decisión de las autoridades, lo que no tomó de
sorpresa ni a Vial ni a los otros dos cabezas del grupo Cruzat Larraín. Vial lo supo dos días antes
de boca de una fuente del gobierno, la respuesta de Vial habría sido de ante
esto poco podemos hacer.
El 12 de Enero, como
todos los miércoles, gran parte de los grupos ejecutivos del grupo Cruzat
Larraín se encontraban en reunión de directorio en COPEC: Fernando Larraín,
Juan Braun, Anselmo Palma, Guillermo Schiess escucharon con estupor la noticia
que acaba de recibir uno de los presentes mediante un llamado telefónico, el
gobierno iba a intervenir la banca, creyeron que les estaban tomando el pelo,
pero igual se comunicaron con Manuel Cruzat, quien a su vez se contacto por
teléfono con Lüders para preguntar que estaba pasando. el Biministro lo negó
todo.
Pero ya la noticia se
había filtrado, existiendo distintas versiones de cómo ocurrió, pero el hecho
es que un periodista de la Segunda llamó a Alvaro Bardón para confirmar los
rumores y este, Presidente del Banco Central, tomando de sorpresa, no losa pudo
negar convincentemente, por lo que llamó a Lüders para avisarle y la
intervención programada en Viernes 14 se tuvo que hacer el 13.
Para
la gente del gobierno vinculada al tema no fue problema ya que desde noviembre
estaba ya determinado que se intervendrían algunos y se liquidarían otros, por
lo que Hacienda y la Superintendencia ya tenían listados de todas las empresas,
en distintas categorías atendiendo a su situación, lo que debía ser analizado
por la autoridad política, para decidir las que en definitiva serían afectadas.
Se incluían a todos las financieras y bancos del sistema, el Chile, el
Concepción, el Internacional y BUF, que aparecían en situación más crítica. En
un segundo nivel estaban el Edwards, Santiago, Crédito, Nacional y Financiera
FUSA, y menos comprometidos y por ende más viables, estaban la Colocadora
nacional de Valores, O'Higgins, el BHIF y Financiera Atlas.
Las decisiones del
equipo político no concordaron con lo planteado por el económico, y se
levantaron ácidas críticas acerca de la discrecionalidad que se ejerció, pues
el Edwars estaba en mala situación y no fue tocado, pero si la Colocadora y el
BHIF. Los que defienden las medidas además del problema que enfrentaba cada
banco se consideró el número de depositante y sus operaciones de comercio
exterior.
Ya decididos se
realizan reuniones secretas entre la Junta y las autoridades del rea
económica, para elaborar las leyes y normas que permitieran llevar a cabo la
operación, entre las que contaban la que otorgaba garantía estatal a los
depósitos, factor clave para recuperar la confianza de los ahorrantes, los que
debían estar listos para el día siguiente al que se hiciera el anuncio, y como
se necesitaba un feriado bancario, pero se adelantó la fecha, se debió hacer a
la r pida.
En
cuanto al grupo de liquidadores e interventores ya se estaba listo, trabajando
durante meses en ellos, y lo que fue difícil más por el secreto que rodeaba a
la operación que por otra cosa, lo que se hizo (los ofrecimientos) dos días
antes del anuncio oficial, algunos rehusaron pero se completó el listado[2].
León
Dobry, partidario de haber intervenido toda la banca, fue llamado para
interventor en el Banco Internacional, llamado por Boris Blanco
Superintendente, este le pidió que la destinara a otro lado, pues estuvo en ese
banco por 29 años y se fue por malas relaciones con los socios. En cuanto al
manejo del banco, Blanco le dijo que iría al banco más chico para que recoja
las acciones y las venda lo más rápido posible. Lo tomó como un servicio militar
ya que ganaba más en el Banco del Trabajo ganaba bastante más.
El día 13[3] reunidos
en la Superintendencia de bancos todos los interventores, reciben la visita del
Ministro del Interior Montero y de Hernán Felipe Errázuriz, para manifestarles
el apoyo político del gobierno. El mismo día del anuncio dos funcionarios de la
superintendencia concurrieron a las instituciones intervenidas y en
liquidación, para pernoctar allí. El viernes 14, muy temprano, los
interventores y liquidadores acudieron a sus cargos y de paso anunciaron el
cese de funciones del directorio en pleno y del gerente general, lo que fue muy
ingrato ya que los funcionarios no los recibían con buenas caras, pero
terminaron por reponerse ya que la regla era que aquellos que no cooperan se
iban[4].
Diez días después de
la intervención seguirán dándose nombramientos, ocupando menos tiempo de lo que
se tarda en fumar u cigarro para aceptar
como coordinadores entre los grupos y el gobierno: Eduardo Justiniano[5], Carlos
Paul, Manuel José Severín y Eugenio MacIntosh[6], los que
fueron citados por el subsecretario de Hacienda Enrique Seguel.
La duda era la banca
internacional, algunos estimaban que esta debería asumir la responsabilidad por
alimentar el crédito fácil en Chile, pero otros niegan que haya existido esa
idea en el gobierno. Para el Presidente del Banco Central, Carlos Cáceres, era
poco probable que se presentara eso ya que en los casos anteriores la banca
internacional no se responsabilizó. Ahí se presentó el problema de la garantía,
y en principio no se quería dar, pero para salir de la crisis o su peor momento
se necesitaban 1.300 US$ millones de créditos extranjeros por lo que se debió
dar garantía de la deuda con el sistema financiero y el crédito, dándose sólo
garantía, tras varias negociaciones, a las deudas contraidas por el sistema
financiero y no las empresas privadas.
El Ministro de
Hacienda sostenía una lucha para renegociar la deuda externa, otorgando aval
del Estado a todos los compromisos asumidos en 1983-84, pero en Julio la banca
acreedora sostenía que eso no era suficiente y exigió un aval completo[7], Cáceres
logró que se promulgar la Ley 18.235 por la que el Estado avalaba la
deuda de casi US$ 8.000 millones, consiguiendo que los 611 bancos representados
por el Manufacturers Hanover Trust concediera un crédito blando de 1.300
millones, abriera de nuevo las líneas de crédito para comercio exterior y una
flexibilización de las condiciones impuestas por el FMI para el programa de
estabilización.
El
proceso de renegociación externo de la deuda buscaba reestructurar los
vencimientos de capital del sector público y financieros chilenos de ese año y
de 1984 (US$ 3.200 millones). También era necesario negociar la brecha de la
balanza de pagos (US$ 1.300 millones para 1983 y 780 para el 84). No fue fácil
que los banqueros se avinieran a poner dinero fresco, siendo que la posición
chilena de negociación era bastante incómoda, pero no se pagó completamente el
costo de la crisis de manera interna.
La negativa a dar
aval a las empresas privadas significó perdidas para los acreedores externos,
sólo reestructurar la CCU costó a los extranjeros US$ 110 millones y se calcula
que las pérdidas totales que debieron soportar ascendieron a US$ 600 millones.
El martes 18 de Enero
de 1983 Lüders tomó el avión para ir a calmar a los acreedores externos, en una
serie de agotadores viajes, que al final tras pasar por Londres, Estados Unidos
y Japón, junto a Cáceres, supo que se le pedía la renuncia en Economía, y él
estimaba que no podía quedarse sólo en Hacienda. En el salón VIP le pidieron la
renuncia Montero y Errázuriz ofreciéndolo a Cáceres. Lüders incluso contaba con
amplios apoyos, entre ellos de Alessandri quien le señaló a Pinochet que este
ya pagó los platos rotos y tenía a la economía bien enrielada. Cáceres sólo
aceptó el día siguiente tras conversar con Lüders. Habían pasado 30 días desde
la intervención.
El Lunes 14 de
febrero estaba jurando el nuevo gabinete, quien fue reemplazado en el banco
central por Hernán Felipe Errázuriz y a Manuel Marín en Economía.
Marín
era empresario molinero y amigo de Pinochet, partidario de soltar la economía
un poco para evitar el descontento social o a lo menos reducirlo. A mediados de
Julio las relaciones entre Marín y Cáceres eran malas, mientras el segundo sostenía
una política de emergencia, Marín había formulado un plan, junto a Luis Escobar
Cerda, ministro de Alessandri:
a)
incremento
del gasto público,
b)
expandir
el crédito a las empresas y otorgar préstamos para refinanciar las deudas
internas,
Rectificar el camino
y evitar al país los costos día a día era la consigna. Además fueron envueltos
en esta lucha los miembros del antiguo equipo económico, atacando Mónica
Madariaga ante la Confederación del Comercio Detallista, a los mandos medios
(en el fondo el jefe del SII) por seguir siendo inflexible en el cobro de los
impuestos, Felipe Lamarca, y Cáceres tuvo que salir en defensa de estos
funcionarios.
Mientras
los funcionarios chilenos destinados a lograr la negociación con los
accionistas de los Bancos, la más rápida (otras fueron harto complicadas) fue
la del Banco Internacional, manejada por León Dobry. Este, antes, tenía cuatro
socios principales: la familia Gómez Gallo, la familia Cellino, la familia
Rovas Rozas y Eulogio Gordo. Dobry al llegar tuvo buena acogida entre los
ejecutivos[8]. Ambos
intentaron abordar un avión LAN para cumplir una misión gubernamental, como
miembros de la Comisión Renegociadora de la Deuda Externa, pero no pudieron
hacerlo, el primero por tener orden de arraigo, pedida por el Consejo de
Defensa del Estado pro presuntas infracciones a la Ley de Bancos y afectaba a
150 ejecutivos de los bancos intervenidos, tras este episodio ambos abandonaron
la comisión.
La suerte
del grupo Vial tras la crisis
En marzo aun no ase
agotaban las negociaciones entre el grupo Vial y el gobierno para buscar un
arreglo que implicara un convenio de administración y la liquidación de las
sociedades del conglomerado. Se buscaba así evitar que los acreedores pidieran
la quiebra de las empresas, pero no fructificaron estos acuerdos y el ambiente
se fue haciendo cada vez más tenso.
El
17 de noviembre de 1983, Javier Vial y el gerente general del Banco de Chile,
Hugo Ovancod, ingresaron detenidos en Capuchinos por infracción del artículo 26
de la Ley de Bancos: manejos destinados a alterar o falsificar información
entregada a la superintendencia de Bancos.
Comparten
una pieza del segundo piso del anexo de la cárcel, no en el tercero donde
est n las mejores habitaciones. Sólo había espacio para dos camas y
no cabían tres personas de pie, y en ese
piso había habitaciones para cuatro dos y una personas las cuales muchas
estaban arregladas como oficinas, mientras en los pasillos algunos sillones
hacían las veces de pequeños livings.
A
medida que se iba desenmarañando la madeja entre el Banco de Chile y el grupo
BHC y el banco Andino, las dependencias de capuchinos empezaron a llenarse de
ejecutivos. El 26 de Enero se encarga reo a Rolf Lüders y otros ejecutivos del
BHC: Hernán Caballero, Gabriel Varela Vial, Alfredo Vidaurre V, Sergio Molina B
y Juan Manuel Castro C. Se les acusa de estafa, pues habrían creado dos
sociedades de inversión con menguado patrimonio y sin giro real (San Esteban y
San Eugenio) des tinadas exclusivamente a obtener créditos en entidades bancarias controladas por el mismo grupo, consiguiendo
aproximadamente US$ 40 millones, sin garantías, incluyendo US$ 20 millones
mediante la argucia de hacerlos depositar en el Banco Andino, para que este
apareciera y no el Chile otorgando el crédito.
Pero
siguieron las investigaciones llegando a haber un ministro por cada banco.
Germán Valenzuela en banco Concepción, procesa a José Luis Zabala y a los
directores Antonio Martínez Ruiz, presidente de la asociación central de fútbol
y de la federación Chilena de Fútbol y concesionario del Casino de Viña Juan
Cueto y Jaime Ruiz, como presuntos autores de los delitos comprendidos en los
artículos 19 bis y 26 bis, y por presunta estafa al banco.
El 28 de febrero
Hernán Cereceda, encargado de la investigación del Chile procesa y ordena
detención de un grupo de ex directores del banco Andino por infracción al 26
bis, el hasta entonces superintendente de Bancos, Boris Blanco, ya que era
director y representante del Banco Sud Americano, al igual que Luis Antonio Marchant,
director del O'Higins, debiendo renunciar el primero al ser notificado del
auto. Jorge Yarur, sucesor de Vial en la presidencia de la asociación de
bancos, lo defendió en su oportunidad. Más tarde Blanco fue sobreseído de todos
los cargos por falta de méritos, pero nunca se pudo recuperar y se retiró del
campo laboral y se fue al campo.
Después de
la crisis
Entre
1984 y 86 las autoridades económicas se abocaron a rehabilitar el sistema
financiero, logrando, en el caso de los bancos más pequeños, que ellos fueran
capitalizados. En el Concepción el diagnóstico de Bertelsen fue que sólo podía
capitalizarselo a través de CORFO, luego esta traspasó la propiedad a la
Sociedad Nacional de Minería, con un crédito para financiar la compra.
La colocadora nacional
de valores fue absorbida por el Banco de Santiago, mientras este y el de Chile
son sometidos al régimen de capitalismo popular[9].
El encargado de hacer
tal tarea en el Chile fue Leon Dobry, quien al mes de haber renunciado como
interventor del Internacional fue requerido por el nuevo superintendente,
Hernán Büchi. Su misión era reemplazar a Alvaro Valdés, quien junto a Guillermo
Tagle habían encabezado la intervención en el Chile por más de un año.
Durante el proceso de
capitalización se inyectaron US$ 900 millones a los bancos intervenidos, lo que
representó un aumento del 60% del capital de todo el sistema, el programa de
capitalismo popular cubrió casi dos tercios de esta cifra, y el resto fue
aportado por inversionistas nacionales y extranjeros, la mayoría de los cuales
usó el sistema de conversión de la deuda externa. Todo ello implicó un cambio
de propiedad en 7 bancos que en 1986 representaban el 60% de las colocaciones
de la banca privada.
Otro elemento medular
de normalización fue el traspaso al Banco Central de las carteras con escasas
posibilidades de recuperación, a valor libro. A cambio los bancos se obligaron
a destinar parte sustancial de sus utilidades a la recompra de estas carteras.
a fines de 1986 el total de prestamos traspasados al instituto emisor sumaban
US$ 3000 millones, lo que equivalía al 28% del total de las colocaciones del
sistema.
Capítulo
XVIII y XIX
Los
bancos extranjeros que presentaban el problema de serles imposible cobrar sus
créditos a los países deudores optaron por destinar, a modo de proovisión, una
cuota anual de sus utilidades que sirviera para cubrir paulatinamente las
futuras pérdidas y tratar a las naciones deudoras (informalmente) como países
en quiebra.
En
este último caso no era posible ejecutarlos, por lo tanto optaron por lanzar al
mercado los pagarés y las obligaciones de pago de los bancos públicos y
privados de los países deudores. Quien tenía emitidos a su favor pagarés de
deuda externa (papeles), los pusieron
en venta a terceros al precio comercial que determinaba la ley de la oferta y
la demanda, bastando endosarlos a los nuevos propietarios.. Se olvidaron
entonces del valor nominal de los papeles.
El
precio del pagaré dependía de las posibilidades de pago reales del país y del
banco deudor que los había emitido v gr los de Filipinas se cotizaban al 50 %
de su valor real, los de México a 55 y los de Bolivia 10 %. Se compraban por
mera especulación o para revenderlos, a precios descontados y obteniendo una
ganancia, al banco central del país o al banco privado deudor que los había emitido.
En
el sistema chileno, se dictaron los capítulos XVIII y XIX del Compendio de
Normas de Cambio Internacional. Por el capítulo XIX[10], todo
inversionista o sociedad extranjera que deseaba invertir en el país podía optar
por realizar su inversión a través de la compra y venta de pagarés de la deuda
externa chilena, para ello se debía presentar al Banco Central una solicitud de
inversión fuera para la compra de activos en Chile o para la realización de
nuevas inversiones. Cumpliendo las normas esta venía automáticamente aprobada. Sucesivamente, la sociedad
inversionista celebraba con el Banco Central un contrato en el cual se
comprometía a realizar su inversión dentro de un plazo convenido, que variaba
según el índole de la inversión. Celebrado el convenio el inversionista tenía
un plazo de 30 días para comprar y vender pagarés de la deuda externa, y que
los bancos deudores se obligaban a comprar en su valor en moneda nacional.
Generalmente esta operación era realizada por un agente o Banco de Negocios,
quien se encargaba de la compra de los papeles
de la deuda externa chilena en el mercado secundario (plazas de New York y
Londres principalmente). Estos papeles
podían ser de cualquier banco deudor chileno, incluso del Central.
Además
del compromiso de realizar su inversión (o la compra de activos) y de recibir
pesos en vez de dólares, el inversionista extranjero que se acogía al Capítulo
XIX estaba sometido a otra limitación: sólo podía remesar su inversión al
extranjero transcurrido el 5º año después de realizada su inversión y el
capital invertido a partir del 10º. La primera operación del Capítulo XIX fue
aprobada por el Central en el mes de Junio de 1985: US$ 10.000.000 del
inversionista árabe Bin Mahfouz, a través del Pathfinder Security, para la
exportadora de fruta C&D. La operación de mayor envergadura (Enero 1987)
fue la de Carter Holt Harvey US$ 164.000.000 para la compra del 50 % de las
acciones de Inversiones y Desarrollo Los Andes SA de Anacleto Angelini, la sociedad
que controlaba COPEC. Shell Overseas, alguos meses más tarde, invirtió 174
millones de dólares en la Compañía Forestal Shell.
Mediante
el capítulo XVIII, simple mecanismo de rescate de deuda externa s través de
banco y de agentes intermediarios. Para ello el Banco Central llama
periódicamente a licitación cupos para realizar operaciones de conversión de la
deuda externa. Quien ofrece la mejor oferta se lleva el paquete. El margen
entre el precio de compra y el de ventas de
los papeles va directamente al agente intermediario que ganó la
licitación[11].
[1]
Para Lüders ir en ayuda de los bancos como se iba haciendo no era lo
correcto, pues estimaba que los bancos había que intervenirlos y liquidarlos.
Estimaba que la pérdida bancaria sería absorbida en un tercio por el grupo del
banco respectivo, un tercio por los
dueños del grupo respectivo, un tercio por los depositantes chilenos y el
tercio final por la banca extranjera, acreedora.
[2] 1.- Interventores:
A)
Francisco Ibáñez: El mayor de todos y le tocó el Banco más grande: el Chile.
Ingresó en 1938 al Banco Central, desempeñándose como agente durante numerosos
años en el sur del país. Haciendo carrera, llegó a ocupar cargos como el de
Gerente General y miembro del Comité Ejecutivo. En 1970 viaja a Uruguay,
contratado por el FMI para asesorar al instituto emisor de ese país,
permaneciendo hasta 1974. Tras regresar al país es nombrado vicepresidente del
Banco del Estado, para en 1976 asumir como Presidente.
B)
Julio Barriga: Interventor del Banco de Santiago en 1983, donde llegó como
interventor. Trabajó durante muchos años en el Banco del Estado. Ingresó en
1968 al Departamento de Estudios y 13 años más tarde llega a la gerencia
general. Al egresar del Saint George, ingresó a la Universidad de Chile, donde
se tituló como ingeniero agrónomo. También estudió economía en la Universidad
de Columbia.
C)
Ernesto Bertelsen: Al principio este Ingeniero comercial de la escuela de
negocios de Valparaíso trabajó en la oficina del Grupo Ibáñez en ALMAC y de ahí
pasó al rea finanzas de El Mercurio. Organizó l financiera Los Andes,
director del banco del trabajo hasta que en Enero de 1980 es nombrado gerente
general del Banco A Edwards, cargo que ocupaba cuando fue nombrado interventor
del Concepción. Hoy (1993) es director del BHIF.
D)
León Dobry: Contador general, en 1950 ingresó al Banco israelita de Chile,
donde lega a la gerencia general a los 18 años de carrera. En 1973 la superintendencia
de Bancos lo nombra como director delegado de su propio banco. Tras la
privatización de la entidad en 1976, es confirmado como gerente general,
función que desempeña hasta 1979, cuando forma una casa de cambio. En abril de
1982 es nombrado vicepresidente del Banco del trabajo, cargo que ocupaba el 13
de Enero de 1983. En noviembre de 1984 vuelve al Directorio del Banco del
Trabajo. Pero no dura demasiado pues en Enero de 1985 es designado
administrador previsional del Banco de Chile. Hoy es vicepresidente del Banco
Concepción.
E)
Gonzalo Ruiz: Nombrado interventor en el Banco de Talca en 1981. Ingeniero
Comercial, trabajó en el Citibank y en el BCI. Hasta el 13 de Enero de 1983
trabajaba en el Sudamericano, encabezó la intervención en el Banco Colocadora
Nacional de Valores.
2.-
Liquidadores:
A)
Jorge Diaz: Ingeniero Comercial de la UC, inició su carrera como asesor de
Sergio de castro cuando este asumió como Ministro de hacienda. Intendentes de
Bancos, director de ENAP. Octubre de 1982 es nombrado gerente comercial del
Banco Unido de Fomento, y tras la intervención es designado como liquidador del
mismo banco. Su nombramiento es interpretado como una muestra de confianza a la
labor que ya venía desarrollando para sanear al BUF. En 1993 es asesor de la
presidencia del Banco Concepción.
B)
Neil Denton: A los 32 años este ingeniero comercial de la escuela de negocios
de Valparaíso, asumió la tarea de liquidador de la Financiera CIGA. Trabajó un
tiempo en la UTFSM, en 1977 ingresa como gerente de operaciones de la
Financiera Atlas e hizo una rápida carrera hasta ocupar en 1983 la presidencia
de la entidad.
C)
Gonzalo Prieto: Era abogado y fue interventor del Banco Empresarial de Fomento
(BEF), intervenido en Junio de 1982 y que terminó fusionándose con la
Financiera Flandes y Fintesa. pero ahora era el liquidador del BHC, trabajando
inmediatamente antes en el Banco Central a los 34 años.
3.-
Coordinadores: Sin atribuciones ejecutivas, debían servir de intermediarios
entre los grupos y las autoridades del sector económico. Su misión era la de
encontrar una salida a las empresas de estos grupos. Se trataba de:
A)
Eduardo Justiniano: Ingeniero Comercial (UC), que dio sus primeros pasos
laborales dentro del Grupo Matte. Cuando fue designado coordinador de las
empresas del Grupo Cruzat Larraín. era gerente general del Banco de Inversiones
Edwars Wertheim. En 1993 era Director de Transwarrans.
B)
Eugenio MacIntosh: Contralor del Banco de Santiago, cuando se le designa
coordinador de BHC, grupo al que conocía bien pues trabajó ahí hasta 1979.
Ingeniero Comercial (UC), trabajó antes en el Banco de Talca entre otros, y
posteriormente en el Centrobanco. En 1993 era el jefe de administración de
Fundación Chile).
[3]
Según Vial Correa, hubo de adelantarla por un día, pues un
funcionario del gobierno,
inadvertidamente, dejó entrever lo que sucedería al director de La Segunda.
[4] Uno de los primeros problemas
era trabajar con personal que no era de su confianza, reuniéndose puntualmente
a las cinco en las oficinas del superintendente, se dice que Francisco Ibáñez
siempre llegaba con un portafolios grande lleno de papeles ya que no se atrevía
a dejar documentos en la oficina del Banco de Chile.
[5] amigo del subsecretario de la
Universidad quien lo llamó para pedirle la colaboración con el Grupo Cruzat
Larraín.
[6] el 2 de Enero entró a trabajar
en el banco de Santiago como subcontralor, quedando cesante con la
intervención, y fue designado coordinador con el BHC, y ya antes había
trabajado en el grupo Vial por lo que conocía bien las empresas
[7] En definitiva el aval cubría las
deudas de los bancos chilenos con los internacionales y la deuda fiscal. Pero
el lograr que existiera este aval estatal significó una pérdida de confianza al
interior del gobierno del ministro, criticándose sus dotes de negociador.
[8] pero el directorio que cesaba
fue muy hostil, incluso algunos directores fueron a hablar con Tomas Müller, ex
vicepresidente del banco de Chile y Roberto Guerrero ex fiscal del Banco
Central
[9] Para aprobar la capitalización
del banco, Dobry logró reunir los votos suficientes en una histórica junta de
accionistas, celebrada en el Cine Central el 24 de mayo de 1985. Vicente
Larrain presidente del Patronato Nacional
de la Infancia fue uno de los principales actores de la junta, pues estaba
reuniendo los votos de los pequeños accionistas desde el 13 de Enero, pudiendo
así reunir suficiente poder y cautelar sus intereses y lo consiguió.
Días
antes de la Junta Pinochet se comprometió a permitir que los antiguos
accionistas participaran en el aumento de capital, otorgando las mismas
franquicias tributarias y crediticias que a los capitalistas populares.
[10] De ellas hasta 1991 ttoalizaban
en operaciones un monto de US$ 2.195 millones, lo que da su usuario un margen bruto de alrededor de
US$ 1.000 millones, del que hay que descontar un 5 % destinado al pago de las
comisiones a bancos y agentes varios. El total (US$ 1000 millones) debe ser
destinado a la adquisición de activos chilenos o inversiones en Chile, recibiendo en moneda
nacional, y que las futuras utilidades, derivadas de esas inversiones y el
capital pueden ser retirados a partir del 5º año.
[11] Desde su implementación de este
mecanismo hasta 1991 se han rescatado US$ 2.834 millones, del cual en promedio
un 5 % fue a utilidades netas de bancos y financieras y grupos económicos
nacionales y extranjeros
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